Soledad Becerril, durante su comparecencia en el Congreso.

María Márquez. Madrid
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha debutado ante el pleno del Congreso para resumir el informe de la institución que representa correspondiente al pasado ejercicio 2011. En el terreno sanitario, ha alertado que las quejas ciudadanas se bifurcan principalmente hacia dos direcciones: la “falta de coordinación” en la asistencia entre autonomías y los retrasos en la evaluación de la discapacidad para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia.

Según el documento elaborado por su antecesora, María Luisa Cava de Llano, la disgregación asistencial del Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene que ver con cambios de residencia, desplazados entre autonomías y momentos de “veraneo”. Circunstancias en la que los ciudadanos no “entran en el sistema” con la celeridad deseada. La demora también caracteriza a la aplicación de la Ley de Dependencia, tanto para que el paciente sea evaluado como para que la prestación se haga efectiva.

En un discurso muy marcado por el drama de los desahucios y el aumento de la pobreza en el país, las aportaciones de los grupos parlamentarios en el terreno sanitario se han limitado a las de CiU y PSOE. Mientras que el diputado catalán Feliu-Joan Guillaumes ha preguntado a Becerril si considera los diferentes calendarios vacunales infantiles “un problema grave”, María Virtudes Monteserín, portavoz socialista, ha incidido sobre las dos alertas del informe 2011 para apuntar el “vuelco sufrido por la sanidad en el último año” debido a “copagos, repagos y expulsiones del sistema”, lo que supone, según sus palabras, “un ataque a los principios del SNS y su eficacia”, mermadas por “las ansias privatizadoras de autonomías como la de Madrid”.